La Superintendencia se pronuncia ante la decisión de la Contraloría

La discusión entre la Contraloría y la Superintendencia de Casinos de Juego volvió a poner bajo la lupa la prórroga entregada a Enjoy para su operación en Viña del Mar. Mientras el organismo fiscalizador sostuvo que la extensión no correspondía, la SCJ salió a defender que el proceso sí se ajustó a la normativa vigente.

La SCJ rechaza el criterio de la Contraloría

Luego del pronunciamiento de la Contraloría, la Superintendencia expresó su desacuerdo con la interpretación realizada sobre la prórroga. Desde su mirada, la autorización fue analizada considerando todos los antecedentes legales aplicables al caso y no hubo trato especial para la operadora.

La directora de la SCJ, Vivien Villagrán, planteó que el organismo entregará más información para que la Contraloría revise su decisión. Según explicó, la idea es que el nuevo análisis tome en cuenta que la extensión concedida cumplía con los parámetros establecidos antes de aprobarse.

La Superintendencia también remarcó que la revisión del trámite tomó más de dos meses, tiempo en el que se evaluó cada detalle de la solicitud presentada por Enjoy. Por eso, el regulador considera que no hubo apuro ni beneficio indebido en la resolución.

Qué observó la Contraloría en este caso

La Contraloría revisó varios elementos vinculados al caso, entre ellos la posibilidad de que existiera una relación entre el Ejecutivo y la operadora. Tras su evaluación, concluyó que no había conexión entre el Gobierno y el caso Enjoy, pero sí apuntó a la actuación de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Uno de los puntos centrales fue la concesión de la prórroga para las instalaciones de Viña del Mar, que según el organismo contralor no correspondía en ese contexto. Esa observación abrió una disputa institucional que sigue en desarrollo y que podría derivar en una nueva revisión de antecedentes.

El caso también se cruzó con la ley de extensión de plazos, una medida que en su momento fue vista como favorable para operadores como Enjoy y Dreams. Eso alimentó las sospechas en torno a una eventual ventaja para una empresa en particular, algo que la Contraloría descartó al señalar que el Presidente Sebastián Piñera no tuvo participación en la situación.

La investigación seguirá con una nueva revisión

Desde la SCJ insistieron en que la extensión no favorecía solo a Enjoy, ya que Dreams también habría podido solicitarla si lo necesitaba. Con ese argumento, el regulador busca que la Contraloría revise de nuevo los fundamentos del dictamen.

Ahora la atención está puesta en la auditoría que iniciará el organismo fiscalizador. Esa revisión debería ayudar a esclarecer si hubo o no una anomalía en la forma en que se aprobó la prórroga.

Mientras eso ocurre, el caso sigue abierto y mantiene en debate el rol de los entes públicos que supervisan la industria de casinos en Chile.